¿Es la transparencia un derecho o una concesión?


A primera vista, el título es recursivo, puesto que la pregunta incluye la respuesta. Pero lo cierto es que, en la actualidad, no existe ninguna norma que regule este derecho en España; luego, las posiciones proactivas por parte de distintas administraciones, se producen sin exigencia legal. La transparencia es un elemento muy importante para el fortalecimiento de la sociedad civil.


No es una utopía: las deliberaciones de la Reserva Federal de EE UU son públicas unas semanas después de producirse, lo que permite conocer el fundamento de sus decisiones, y el Gobierno de Reino Unido ha tenido que facilitar el coste de los coches oficiales que utilizan sus miembros. Pero no es una práctica espontánea: han tenido que aprobarse leyes que obligan a las administraciones a facilitar la información que se les solicite para que se rompa la tendencia espontánea de todo poder a la opacidad.

Lo cierto es que este tipo de prácticas benefician tanto a las administraciones como a los ciudadanos, en la medida que son más democráticas, más participativas y, en consecuencia, mucho más legítimas. Por tanto, la transparencia es, en sí misma, un beneficio para las administraciones. Los ciudadanos confían más en sus instituciones y se vuelven más participativos.

Los planteamientos participativos significan normalmente que la toma de decisiones es más transparente, lo que a su vez, incrementa la confianza y por consiguiente, el liderazgo del dirigente.

Si esconde un problema, lo disimula o niega su existencia, lo más seguro es que también oculte su solución. Si, en cambio, lo descubre, admite y examina honestamente, está en el buen camino para resolverlo. La transparencia fortalece.

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